CARTA ABIERTA DE LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS
Por el restablecimiento de la Constitución de la República
y la Democracia.
La Unidad Nacional de Acción Social, Sindical y Gremial, en uso de los derechos que le otorgaron los trabajadores,
sus asociados y los que les da la Constitución de la República.
Considerando que:
La Nación se
encuentra en medio de una catástrofe económica, política y social como consecuencia de la pérdida
progresiva del Estado de Derecho y la democracia, impuesto por la simbiosis Estado,
gobierno y partido en una unidad monolítica, a través de un poder unipersonal, que
hizo fenecer la autonomía de los poderes públicos y toda capacidad de control
de la sociedad sobre el Estado. Asimismo, estamos en presencia de un ejercicio
excesivamente concentrado, autoritario y despótico del poder, aderezado con un cuadro de anarquía, desorden e improvisación, manifestaciones de una profunda crisis
institucional.
Considerando que:
El drama demuestra la inviabilidad del modelo
económico, este además, se produce en el periodo de
mayor bonanza en los 100 años de historia petrolera del país, convertida
paradójicamente en debacle económica; no solo por la ineptitud, la corrupción, sino
también, por una política de emisión de dinero inorgánico, endeudamiento, de
ahogo y contracción del aparato productivo, expresado entre otras por la
desinversión en el sector industrial, agrícola y agroindustrial, expropiación
de empresas y el despojo de tierras en pleno proceso de producción-
para ser sustentada por los ingresos petroleros reforzando aún más el
rentismo y como consecuencia la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, desarrollando
altísimas inversiones para la importación de bienes y servicios, propiciando la
oportunidad de grandes negocios ilegales y la corrupción.
El actual gobierno reforzó la especulación
financiera, catalizada además por una política cambiaria totalmente
desquiciada, incrementó de manera descomunal la deuda externa con el
manejo ineficiente y corrupto de los recursos. Si a ello le agregamos las
políticas de entrega de nuestras riquezas a intereses foráneos, con la
negociación a espaldas de la nación de la plataforma Deltana, la entrega de
bosques, ríos, hasta llegar por ejemplo al agresivo y depredador proyecto del
Arco Minero del Orinoco, nos indican que ahora somos más dependientes que
antes, tanto del petróleo como de las grandes transnacionales, hemos perdido
soberanía y nuestra Nación está más sometida.
Considerando que:
Los elementos señalados y el caos social, expresado en el incremento
acelerado de la pobreza y el hambre; en los graves desajustes en la educación; en la crisis humanitaria en la salud; la escasez de
alimentos y medicinas; el descalabro de los servicios públicos; el incremento
de la inseguridad ciudadana y el crimen; el incumplimiento de los derechos
sociales plasmados en la Carta Magna; la supresión de la autonomía de las
organizaciones sociales y la violación sistemática de los Derechos Humanos,
describen la peor tragedia de nuestra historia.
Considerando que:
Esta
hecatombe ha producido un daño sin precedentes en la sociedad venezolana, apreciándose
con mayor crudeza en la clase trabajadora, que ha visto suprimidos sus
principales derechos; la libertad sindical, el derecho al trabajo y los derechos
laborales, como la contratación colectiva y a la huelga; feneció el diálogo
social entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno; las inspectorías del
trabajo sometidas al poder ejecutivo; la anulación por la vía de los hechos de la
Ley de Seguridad Social; la no aprobación de los recursos para cubrir el bono
de alimentos y medicinas para los pensionados y jubilados y el proceso
destructivo del empleo decente, apareado al incremento del empleo precario.
El poder
adquisitivo del salario sufrió un deterioro abismal, como consecuencia de la
recesión y la más alta inflación del mundo, producida por las distorsiones señaladas
y por el uso de dinero inorgánico (sin respaldo en la producción), echando por
tierra el concepto de salario suficiente establecido en el Art. 91 de la CBRV,
ya que los niveles de ingresos están 19 veces por debajo de la cesta
alimentaria, lo que ha ocasionado los altos niveles de desnutrición general en
nuestro país.
Estas
consideraciones generales antes descritas, desnudan la realidad que sufre la
Nación, sin embargo, las hacemos acompañar con algunas evidencias específicas
que a continuación se señalan:
Crisis política e institucional.
1.
La desactivación del Sistema Democrático impidió al Estado reparar las
causas del deterioro y las nefastas consecuencias generadas por la política
inconstitucional del Poder Ejecutivo sobre todo el país y sus pobladores,
reflejándose con mayor incidencia en los más desposeídos, los ancianos, los
niños y los que viven en situación de pobreza extrema.
2.
La enmienda constitucional mediante la cual se aprobó la reelección
indefinida, de todos los cargos electos por votación popular, le otorgó en su
momento al Presidente Chávez, la potestad para amoldar y controlar a todos los
poderes, traduciéndose en el establecimiento de convenios y créditos sin
control e importaciones con dólares protegidos.
3.
Contrario a los principios constitucionales que definen a nuestra República
como democrática, federal y descentralizada, a nuestra democracia como
participativa y protagónica, desarrolló una política para concentrar y
centralizar aún más la administración pública, desechando los pocos avances que
se habían dado en materia de descentralización, al tiempo que la participación
ciudadana y la autonomía de las organizaciones sociales, se redujo a la mínima
expresión.
4.
Las llamadas misiones y las instancias organizativas impuestas desde el Estado,
Consejos Comunales, Comunas, entre otras, se convirtieron en instrumentos para
la clientela política, para la manipulación perversa, para las prácticas
excluyentes y discriminatorias contra la disidencia; asimismo, el uso de la
violencia y el terror para agredir periodistas, dirigentes políticos y sociales;
la hegemonía comunicacional a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, que
llevó a controlar el 95% del espectro radioeléctrico, luego del cierre de
canales de TV, emisoras de radio, y el chantaje a la prensa escrita, negándoles
la adquisición de papel para la buena marcha de los mismos y un cúmulo de
actuaciones orientadas a criminalizar y judicializar la disidencia y la
protesta, ocasionaron la transgresión a la Constitución y al principio de
participación protagónica del soberano.
5.
La colocación del Poder Legislativo, Electoral, Judicial y Contralor, a
merced del poder ejecutivo, eliminó en
forma progresiva las funciones de
Defensa de la Nación que les corresponde a nuestra Fuerza Armada, permitiendo a
las mafias internacionales atravesar impunemente nuestras fronteras,
propiciando un Estado forajido, a través del secuestro, la extorsión, el cobro
de vacunas, abigeato, coimas o sobornos, sicariatos, mafias, pranatos y demás;
sistema que migró hacia las policías y altos mandos militares, colocando a
nuestros inutilizados policías y soldados bajo el mando de los negociantes de
otros países, como servidumbre de mercados, estacionamientos y comercios o como
acompañantes de utilería de los programas clientelares del partido de gobierno.
6.
Luego de quedar Nicolás Maduro como Presidente encargado y a la vez
designado por Hugo Chávez como su sucesor para una eventual nueva elección, es
juramentado el 10 de enero de 2013 como nuevo presidente, al declararse la
ausencia absoluta del Presidente, en una acción írrita e inconstitucional del
TSJ. Asimismo, posterior a las elecciones del 14/13/2013, que según el Consejo
Nacional Electoral (CNE) fue electo, con una mínima diferencia sin la
posibilidad de auditar debidamente dicha elección, sembró dudas sobre su
legitimidad de origen y, a más de tres años de mandato de Maduro bajo el
tutelaje cubano, colocaron al desnudo la crisis heredada y agravada,
produciéndose su ilegitimidad de desempeño.
7.
La incapacidad e ineptitud del nuevo Presidente, las contradicciones
internas de su partido y la inexistencia de cohesión en los equipos de trabajo,
incrementaron la anarquía y la desintegración del Gobierno y el Estado, deviniendo
ello en franquicias, gobiernos dispersos y paralelos de Ministros y
Gobernadores, algunos de los cuales se asociaron a la delincuencia nacional e
internacional para descalabrar la nación, sacar los dólares y las reservas de
oro.
8.
El mismo pueblo que, según el CNE eligió al presidente Maduro, tres años
después, eligió abrumadoramente una Asamblea
Nacional (AN) con mayoría absoluta de Diputados opositores, con base en la
misión de impulsar el restablecimiento del Orden Democrático, la independencia
de los poderes, propiciar salidas a la crisis y crear condiciones de
gobernabilidad del país.
9.
Los derrotados diputados salientes, liderados por el representante de los militares,
Diosdado Cabello, asumieron una ilegal y violatoria acción, saltándose todas
las normas y lapsos legales, nombrando un Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) con
obedientes militantes políticos, atropellando y obligando bajo coacción la jubilación
ilegal de magistrados, quedando dicho cuerpo nulo de nulidad absoluta.
10.
El ilegal nuevo TSJ contravino la voluntad del pueblo, anulando a los diputados
del Estado Amazonas, eliminando toda Ley emanada de la AN y creando protecciones
leguleyas para los ministros y funcionarios corruptos, dándoles poderes supra
constitucionales, eximiéndolos de su deber de rendir cuentas de sus actos. Así
mismo eliminaron los lapsos para dictar cualquier sentencia, generando un limbo
jurídico y reduciendo la mayoría absoluta a una mayoría simple, bloqueada,
además por interpretaciones amañadas de la Constitución.
11.
La utilización del ilegal poder
Judicial para aprobar y controlar las decisiones de gastos, deudas y compromisos
del Poder Ejecutivo y cerrar las puertas para que el pueblo pueda decidir su
destino, destruye totalmente toda posibilidad de detener la alta corrupción y
el saqueo extra nacional e invasión de los países afines al totalitarismo
cubano.
12.
La nueva AN electa abrumadoramente por el pueblo e impedida para ejercer
sus funciones, producto del bloqueo propiciado por el poder absolutista, debió acudir
a los organismos internacionales para el restablecimiento del orden democrático
y la independencia de los poderes.
13.
Esta tragedia, el descontento
popular y la anulación del Estado de Derecho, crearon la necesidad de invocar
al poder originario, mediante el cual los ciudadanos pueden hacer uso de su
derecho constitucional a activar la revocatoria del mandato del Presidente, pero
el mismo fue bloqueado sistemáticamente por el CNE, que en componenda con el
TSJ y bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, propiciaron la estocada a este
derecho del pueblo, haciendo uso de tecnicismos absurdos y triquiñuelas
leguleyas.
14.
Las acciones conjuntas del CNE y del ilegal Poder Judicial, de cerrar toda
vía electoral, pacífica y democrática, creando, nuevas interpretaciones y leyes
que otorgan un derecho al Poder
Ejecutivo de actuar fuera de la
Constitución, es demostración pública, nacional e internacional del secuestro
de poderes y de la Constitución, traduciéndose en mayores dificultades para
corregir las causas de la crisis humanitaria que sufre la nación.
15.
A lo descrito se añade el silencio
cómplice del Poder Ciudadano, especialmente el encomendado para Defender al Pueblo, quien NO se ha pronunciado con fuerza en
contra de la larga lista de violaciones a los Derechos Humanos, destacándose
las detenciones arbitrarias, el hacinamiento en cárceles de ciudadanos sin
juicio, el ajusticiamiento policial, con oficializados “escuadrones de la
muerte”, la situación de hambruna y crisis humanitaria, carencia de alimentos,
medicinas y servicios vitales que impactan en la calidad de vida en general,
pero que se refleja aún más en los desvalidos,
llevando a la desnutrición y muerte de niños, ancianos y enfermos.
16.
La desaparición de toda acción contralora
y fiscalizadora de la Contraloría y de la Fiscalía del Ministerio
Público, componentes del Consejo Moral Republicano (Poder Ciudadano) que desde
su inicio fue subordinado al Poder Único, permitió el robo inmisericorde contra
los bienes de la Nación, hizo que la corrupción se convirtiera en un gran hoyo
negro que se tragó al Estado, a través de infinidad de actuaciones de los
gobernantes, como por ejemplo el saqueo de las empresas básicas, lo cual se ha extendido
hasta los funcionarios de menor rango, que hurtan desde la mínima utilería de
oficina, hasta insumos y medicamentos en hospitales, ancianatos, además de
dejar inservibles las estructuras de los planteles escolares. La inercia de
este Poder, lo coloca al margen de la Constitución.
Cronología de la debacle económica:
17.
Desvío de los recursos generados por PDVSA hacia países políticamente
aliados, por vía de
endeudamientos o la firmas de convenios desventajosos a la
Nación (Petro Caribe, Petro Alba, entre otros), en muchos de los casos en proyectos nunca ejecutados
y otros sometidos a sobreprecios sin control de ninguna institución; se realizaron préstamos, que indujeron
a mayor improductividad, para justificar el sometimiento técnico, económico
militar y político con dichas naciones.
18.
Los informes técnicos y administrativos de PDVSA indican una sensible baja
de la producción; altos costos de operación; deterioro de instalaciones y
equipos, accidentes en las refinerías, derrames como el del Lago de Maracaibo y mas recientemente en el oriente
del país, por las bajas inversiones en mantenimiento; renuncias de
técnicos especializados, que producto de los bajos ingresos y la inseguridad,
emigran al exterior a trabajar como buhoneros; paralización de pozos, taladros
y proyectos para reservar los dólares de los inmensurables pagos de intereses
de bonos a prestamistas.
19.
Las contradicciones entre el Presidente de PDVSA y el gobierno, dibujan una
situación sombría de la fuente del 97% de las divisas nacionales. Los informes
de organismos internacionales que estiman una enorme inflación y caídas del
Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 10%, así como la negativa de los
bancos de prestar más dinero al país, hacen más crítica la situación de
ingresos para los venideros años, aun si llegasen a repuntar los precios del petróleo.
20.
La sumisión financiera al pago de
las ganancias de los prestamistas internacionales (Servicios de la Deuda
Externa) y tenedores de bonos (inversionistas de Wall Street, FARC y ELN) así
como la prioridad establecida por el Poder Ejecutivo para la compra de
armamento y equipos para reprimir al pueblo, traídos desde Rusia, EUA y China; por
encima de realizar las inversiones en producción nacional para los alimentos y
medicinas, proyectan una catástrofe financiera de consecuencias impredecibles.
21.
La actual política cambiaria alimentó la corrupción y profundizó el
desplazamiento de la economía productiva hacia la especulación financiera, detonantes
de la hiperinflación y la recesión, la escasez y el desabastecimiento que
sufrimos. Si a ello se agrega la incompetencia del gobierno en el manejo de la
información financiera y monetaria, dejando una brecha para que sectores con
oscuros intereses y valiéndose del poderío de la internet, controlen la relación
monetaria y los valores cambiarios, pues entonces, empeoran las distorsiones
económicas y los precios de los bienes y servicios se disparan a diario, agravando
la crisis alimentaria y de salud.
22.
La pérdida de la cosecha de los principales rubros agrícolas en los últimos
años, producto de la negligencia e ineptitud del gobierno, expresados en el abandono
de las tierras cultivables, de los sistemas hídricos de riegos; la no
importación a tiempo de semillas y buena parte de las adquiridas en mal estado;
el deterioro de las maquinarias del agro por falta de repuestos, de todo el
proceso destructivo de la economía antes mencionado y todo el negociado ilegal
y corrupto en torno a las importaciones y comisiones en dólares de los
Ministros, Gobernadores de los Estados de las Fronteras y Comandantes
Militares, así como la compra, distribución y control de todos los insumos,
repuestos, materiales, alimentos, medicamentos, comunicación, instituciones y
medios de producción por parte del Poder Ejecutivo y el partido de gobierno, actuando
a sus anchas y sin rendir cuentas, ha traído como consecuencia la grave escasez
de alimentos y la perdida de nuestra soberanía alimentaria.
23.
La participación de los Gobernadores de las fronteras en
el comercio de productos colombianos y bajo la protección militar y del SENIAT,
es la cara de la perversa competencia desleal, donde se benefician los
comerciantes afines, llevando a la quiebra y al sometimiento a los productores
nacionales, transportistas y comerciantes no alineados.
24.
Aun con la brecha fiscal enorme, el Poder Ejecutivo no reduce sus prebendas, viajes, escoltas, viáticos, parrandas y
demás beneficios, incrementando los gastos para celebraciones de encuentros,
reuniones, marchas y hasta cumpleaños o funerales de mandatarios extranjeros, haciendo cómplice a estos países de
daños de lesa humanidad sobre los más necesitados.
Caos social:
25.
El incremento generalizado de la pobreza, la pérdida de la calidad de vida
y los informes mundiales sobre la situación de hambruna en Venezuela, expresada
en las dramáticas
cifras: (23,5 millones de venezolanos comen una o dos veces al día, 10
millones se acuestan a dormir sin ingerir proteína animal y cerca de
cinco millones de personas en Venezuela hurgan en la basura en busca de algo
qué comer), dimensiones que nunca se habían visto en el país y solo
reiteran los graves desajustes sociales; unido a que tenemos el salario más bajo del continente, el ingreso
familiar muy por debajo de Haití, la inflación más alta del mundo, son la
prueba fehaciente de una política social no sólo errática, sino perversa por el
uso de mecanismos de manipulación y control social, ajenos a los intereses
nacionales.
26.
El saqueo inmisericorde en instituciones, como los Ministerios de Salud,
Seguridad, Infraestructura y Educación, trajo como consecuencia la reaparición
de plagas y enfermedades controladas hasta el año 2000, la destrucción de la
infraestructura, vialidad, escuelas, universidades, hospitales y todos los
sistemas vitales y críticos de la Nación.
27.
Haber distorsionado los mecanismos sociales, naturales y democráticos, hizo
sucumbir a nuestra Nación en un
inframundo, con una espiral ascendente de angustias, depresión, abandono,
sacrificios inauditos y riesgo, contrarios a la vida en armonía que debe tener
una sociedad. Los pobladores venezolanos y extranjeros en su desesperación,
realizan acciones extremas para adquirir los alimentos o medicamentos, desde la
venta de sus enseres para comer, comercio ilícito, hurto vecinal y especulación
entre pobres para evitar llegar a la muerte por hambre o suicidio, al quedarse
sin esperanzas.
28.
La anulación de los sistemas de comunicación, la injerencia en la Educación
Universitaria autónoma, sindicatos, gremios, partidos políticos y
organizaciones comunitarias, aunado a la constitución de infinidad de
instrumentos organizativos, algunos paralelos y otros de nuevo cuño, pero todos
a la imagen y semejanza del poder, permitió desarrollar un control total de
dichas organizaciones sociales, sindicales y gremiales y un proceso destructivo
contra el sindicalismo decente y libre. Ha sido tan brutal la acción de este poder
hegemónico, que eliminó toda disidencia desde las bases, incluyendo la de su
propio partido.
29.
La sociedad NO ha encontrado respuesta en el Gobierno ni en el Estado, lo
que obliga a mecanismos de apoyo humanitarios que también son bloqueados por el
Poder Único, obligando al pueblo a desconocer a todos los poderes y asumir
acciones de Auto Defensa de sus vidas, o en algunos casos a optar por irse del
País para salvarse, como lo han hecho más de 2 millones de compatriotas.
30.
El incremento de la violencia y el crimen expresado en más de 225 mil
asesinatos a manos del hampa en estos 18 años, sin contar la infinidad de otros
tipos de delitos, que mantienen a la sociedad en zozobra. Con el agravante de
la impunidad, que entre otras cosas ha llegado a un 94% de casos sin resolver;
crímenes cometidos por los
cuerpos policiales, para-policiales y militares, además de la constitución, como política de Estado, de las llamadas Operaciones de Liberación
del Pueblo OLP, que cometen atropellos y crímenes similares a cualquier grupo
delictual, valen sólo
como ejemplo los casos de la masacre de barlovento o la de Cariaco. Son un resumen del fracaso de los último 24 planes de seguridad.
31.
El Poder Ejecutivo aun en esta etapa crítica no da respuesta ni solución a
los problemas, sino que al contrario incrementa sus amenazas, burlas e
irrespeto en cadena nacional y en programas públicos, donde se evidencia el
desprecio por los más desvalidos, en el caso por ejemplo de no aprobar los
recursos para cubrir el bono de salud y alimentación para la tercera edad, así
como por la cantidad de niños que mueren a diario en hospitales por
desnutrición y falta de medicinas. Por ello día a día, el número de seguidores
es más reducido.
Considerando que:
La decisión
del Pueblo el 6 de Diciembre de 2016 fue ANULADA
y las vías democráticas de decidir su destino, CERRADAS, por lo que queda a
merced del Poder Único, la destrucción total, el saqueo e invasión de extranjeros
delincuentes y capitales sin control provenientes de otros países y, dado que
instituciones del Estado y la Fuerza Armada Nacional están secuestrados e
inutilizados, obligan al poder originario que es el pueblo, en concordancia con
el mandato constitucional, a luchar por el restablecimiento del
Estado Democrático y Social de Derecho, cuando este ha sido menoscabado por la
autoridad.
Ante las consideraciones señaladas, los Trabajadores venezolanos ACORDAMOS:
•
Solicitar a la Asamblea Nacional, como órgano electo más reciente por el Pueblo, que
proceda a remplazar a todos aquellos funcionarios que ilegalmente usurparon
funciones y se hayan subordinado a otros poderes, habiéndose desviado del
mandato constitucional para el cual fueron escogidos por la AN, en ese orden
interpelar aquellos funcionarios ministeriales y de alta gerencia del Estado,
para que rindan cuentas de sus acciones. De igual manera apoyar a las gestiones
nacionales e internacionales que realice la AN para restablecer el orden democrático
y constitucional; sobre todo, los esfuerzos por rescatar el derecho al voto,
que ha sido secuestrado por el Poder Único; derogar
leyes inconstitucionales, reformar algunas leyes que contienen artículos
reñidos con la Constitución, principalmente los que promueven la segregación
política y criminalizan la protesta y el derecho a huelga.
•
Convocar a los trabajadores a no desmayar en la lucha por el derecho al
trabajo, por la unidad y la reconstrucción del movimiento sindical autónomo y
libre, que a través de sus convenciones colectivas y la reactivación del
diálogo, trabajadores, patronos privados y el gobierno, se logre el trabajo
decente, la libertad sindical y la restitución de los derechos laborales hoy
conculcados. Además de seguir luchando por el cumplimiento de la Ley de
Seguridad Social, la del Seguro Social Obligatorio y particularmente la del bono
de salud y alimentación a los adultos mayores.
•
Emprender una
campaña por recuperar el poder adquisitivo del salario indexado, que por
ninguna razón puede ser menor que la “Cesta básica para la vida”, tal cual lo
establece la Carta Magna en su Artículo 91. Entre otras reivindicaciones lograr la conversión de la
cesta ticket en salario y la reducción del IVA a los
productos nacionales y básicos, para coadyuvar en la reducción de la
inflación.
·
Acordar un nuevo
pacto social, mediante el cual se impulse un programa dirigido al desarrollo
sostenible de la nación, a recuperar el poder adquisitivo de la familia
venezolana, a reindustrializar el País, a diversificar la economía para,
gradualmente, ir suprimiendo el rentismo petrolero. Asimismo, aprobar un plan energético
y para la infraestructura nacional, reactivador de la economía y del empleo.
·
Declarar la salud
pública en emergencia. En esta materia debe prevalecer la premisa,
“Tu estado de salud no debe depender de
tu estado de cuenta”. Además, hay que exigir que el gobierno permita el ingreso inmediato de los medicamentos represados en las
aduanas y la dotación de los servicios hospitalarios.
·
Mejorar la educación, estableciendo metas educativas
nacionales y formulando programas que estimulen la creatividad y la formación
para el trabajo.
·
Impulsar la calidad de los servicios, agua,
electricidad, aseo urbano y la vialidad.
·
Defender los
principios constitucionales, particularmente el referido a que somos una
República federal descentralizada, y activar la autonomía de los estados y
municipios, el proceso de descentralización y desconcentración de poderes.
·
Desarrollar una
política monetaria y fiscal, acorde con los intereses de la sociedad. Lo cual
requiere de la autonomía del Banco Central de Venezuela BCV y que este deje de
ser la caja grande de las empresas del Estado. Crear el Banco de los
Trabajadores.
•
Proponer a la actual Mesa de Diálogo, la incorporación de voceros de los
trabajadores y de otras organizaciones sociales.
•
Denunciar los actos de corrupción y recopilar en todas las instituciones las pruebas que
soporten estas denuncias para enfrentar en la calle todo acto doloso por
parte de los gobernantes y funcionarios y en exigir la intervención de aquellas
instituciones señaladas por incapacidad y por malversación de fondos, además de
aislar y no prestar servicios, salvo la atención médica, a funcionarios
declarados como corruptos.
•
Impulsar la conformación de un Gabinete
Ministerial de Emergencia integrado por las diferentes fuerzas políticas,
económicas, sociales, sindicales y gremiales que permita tomar las acciones
correctivas para salir de esta crisis política, social, moral y económica y detener
el saqueo por parte de la delincuencia nacional e internacional que se
estableció en los altos poderes del estado y la cúpula militar.
•
Constituir las comisiones interventoras de PDVSA, la CVG y aquellas
empresas del Estado quebradas, para sanearlas administrativamente, rescatarlas
y aumentar su producción.
•
Apoyar a todas las organizaciones sociales, sindicales,
gremiales y políticas en sus procesos de democratización, en las consultas a sus afiliados y en
la escogencia de sus autoridades en forma autónoma del Poder Único, a objeto de
restablecer la participación de las Bases del Pueblo, desacatando los bloqueos
realizados por el Poder Electoral.
•
Respaldar a los Soldados y Policías Venezolanos que se resistan a violentar los Derechos Humanos y que actuando
dentro de las leyes en su rol de Defensa de la Nación, desconozcan los mandos extra
nacionales o nacionales inconstitucionales.
•
Ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta y movilización de calle contra los bloqueos leguleyos que cercenaron
el derecho al voto, contra aquellos que asumieron ilegalmente funciones en el
TSJ, que violentan los Derechos Humanos y que por razones humanitarias deberían
ser destituidos en forma inmediata, de no hacerlo los convierte en ejecutores
de daños de Lesa Humanidad, previstos en la CRBV y leyes internacionales.
•
Desarrollar un programa que comprenda la promoción organizativa de las
comunidades, la formación y la acción alrededor de todos los ámbitos que abarcan
la defensa de los Derechos Humanos y la
seguridad ciudadana, en nuestro entorno de actuación y frente al Estado,
que debe ser el garante de ambos derechos. Ello comprende: denunciar la
conducta delictual de las OLP, que actúan a sus anchas, bajo el lema disparen
primero averigüen después; luchar por la libertad de expresión, la libertad de
los presos políticos, así como realizar campañas
orientadas a revalorizar de forma integral u holística el sentido de la vida, a
sembrar nuevos valores asociados a la convivencia social y la solidaridad, al
fomento del trabajo y el estudio, a la honradez y la honestidad.
•
Exigir, como parte de la defensa de los DDHH, el
cumplimiento del bono salud y alimentación para jubilados y pensionados; solicitar a las
organizaciones mundiales y sus gobiernos pronunciamientos oficiales y acciones de protección de
ancianos y niños, que permitan el ingreso de la ayuda internacional y abra las
vías políticas y económicas que ayuden a resolver esta crisis que impacta con
mayor crudeza a los estamentos más débiles.
•
Pedir asilos humanitarios preventivos para los enfermos y desvalidos ante las diferentes
embajadas y consulados, dada la anunciada profundización de las crisis y la
conflictividad social y política, producida por el bloqueo del CNE al NO permitir a sus ciudadanos recuperar
su poder para corregir el sistema político o elegir sus gobernadores de Estado.
•
Apoyar todas aquellas acciones legales que realicen las organizaciones políticas, sociales,
sindicales, gremiales, religiosas, entre otras, dirigidas a liberar a la Nación
de esta invasora delincuencia y a restablecer la Democracia, sin retaliación
para los ciudadanos que por razones propias apoyaron propuestas del gobierno, que
en algún momento consideraron justas.
Los Trabajadores nos declaramos en Emergencia
Humanitaria, así lo indican las Consideraciones reflexiones, observaciones y
propuestas de acción, plasmadas en este material, contentivo de las
recopilaciones que surgieron en los debates en asambleas de trabajadores y
comunidades, en fábricas, mercados, hospitales, universidades, colegios, autobuses,
entre otros sitios de concentración, que nos obligan a redoblar esfuerzos junto
a todos los venezolanos para rescatar nuestra nación, razón por lo cual la Unidad Nacional de Acción Social, Sindical
y Gremial impulsara las acciones por lograr un cambio político en nuestro
país, por la unidad y la reconciliación de la familia venezolana, por lograr un
gobierno que le garantice al pueblo sus derechos sociales, políticos y
económicos.
Seguros estamos de que esta
gran tarea coadyuvará, por una parte, a la reconstrucción del movimiento sindical, gremial y demás organizaciones de
la sociedad civil, bajo los principios del respeto, la autonomía, la
tolerancia, la democracia, el pluralismo, la solidaridad y la inclusión y, por
la otra, a reforzar la defensa de los intereses del pueblo y el país, a impulsar la lucha por los Derechos
Humanos y laborales, consagrados en la CRBV, en los convenios internacionales y
en los contratos colectivos, como lo son los derechos asociados al trabajo decente,
la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho a huelga, a un
salario digno y a la seguridad social.
Convencidos
como estamos, de que estas reflexiones y acciones se desarrollan conforme lo
dictamina la Constitución Nacional y las leyes de la República y, agradeciendo
de antemano por su oportuna respuesta, nos despedimos de Ustedes,
ATTE. CONSEJO GENERAL DE LA UNASSG
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